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lunes, 5 de abril de 2010

Los perros de la guerra.


05-04-2010 / “Estamos en guerra con el Gobierno y nosotros somos soldados”, fue la frase que disparó Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, a los jefes del diario. Una síntesis del sentimiento que reina en la cúpula del Grupo.


Por Marcos Cittadini




Nuevo cambio de táctica: a lo largo de la última semana los directivos del Grupo Clarín volvieron a elegir a la inseguridad para golpear al Gobierno, luego de apostar a la deficiente oposición parlamentaria y tras agotar editorialmente el tema inflación. Miradas al sur obtuvo detalles de la maniobra para instalar el miedo en la opinión pública y la disciplina en la tropa del multimedios. Los primeros en recibir la nueva orden fueron los especialistas de policiales de TN: “Hay que salir a la calle a cubrir todo, incluso los ajustes de cuentas”.

Hasta hace poco la crónica criminal había sido reemplazada y hasta sepultada por las horas destinadas a las desventuras del rejunte opositor en el Congreso. Y la gota que rebalsó el vaso fue la paliza intelectual e ideológica que el ministro de Economía, Amado Boudou, le dio a Gerardo Morales en su visita al Senado; todo televisado en vivo por la impotente pantalla del canal de cable.

Luego de una reunión de Carlos D´Elía, gerente de Noticias del Trece, con los jefes informativos, se desarrolló la siempre eficaz estrategia. El éxito de las notas sobre los dos fusilados en una salidera de un banco el lunes había recordado la pauta de cómo provocar impacto.

Un productor de experiencia consultado por Miradas al sur explicó la lógica de la decisión: “los policiales tienen un doble beneficio: le pegan al Gobierno y generan mucho rating”

Al mismo tiempo una directiva idéntica se impartía en la sección Sociedad, el corazón mismo de la redacción de Clarín. Sucedió después de que el fin de semana pasado en un importante encuentro con editores convocado por los jefes Ricardo Kirschbaum y Julio Blanck se explicitó lo que ya todos saben: “El diario está en una guerra contra el Gobierno, nosotros somos soldados y tenemos que ir para adelante”. Sólo un par de colegas se atrevieron a aclarar que ésta –la que plantea Clarín– no es su guerra.

La historia se repite como farsa. Rápidos y certeros, los móviles de Artear salieron a barrer el conurbano en busca de violencia y lo hicieron con dos historias como columna vertebral. La del ahora dudoso intento de robo a Nicole Neumann y el asesinato de un policía de la bonaerense en González Catán, Marcelino Monzón. No es la primera vez que se despliega un operativo como éste. Hubo otro idéntico en febrero de 2009 cuando, a la aplastante cobertura de la muerte del teniente Aldo Garrido en San Isidro, se le sumó una campaña de declaraciones de los personajes más famosos de la Argentina con el liderazgo de Susana Giménez. La frase “Terminen con los derechos humanos y esas estupideces. El que mata tiene que morir”, todavía provoca escalofríos.

La bella Nicole asumió el reemplazo de la diva y dijo que pensaba en irse del país porque “aquí no se puede vivir”. Después se vio envuelta en una polémica que puso muchas dudas a su versión y se parece a un papelón. Los organizadores del desfile al que faltó la acusaron de mentir. El dato de un contrato firmado por el que la modelo debe pagar ocho mil pesos en caso de incumplir con el evento es difícil de obviar.


La guerra en casa. A pesar de esto, a esa altura todas las huestes informativas del grupo estaban lanzadas. Los productores fueron instados a reflotar como “último momento” actualizaciones de crímenes sucedidos hace más de quince días. En la noche del jueves, Sergio Lapegüe sentenció que “hay que hablar de estos temas para que la gente pueda caminar con absoluta libertad por las calles”. No contento con esto y presagiando la batalla que vendría al otro día, una nueva frase cerró el contacto desde el velorio del efectivo de la bonaerense: “Es una deuda pendiente la que hay con el tema de los robos y los asesinatos. Ya no les alcanza con robar…tienen que matar”.

El viernes por la mañana, la cobertura tuvo ritmo de combate. Un móvil transmitía en vivo cada detalle del velatorio de Monzón, otro explicaba las alternativas del pretendido ataque a la modelo y un tercero cubría el crimen pasional de un chico de 15 años en Glew. Mientras tanto Marcelo Bonelli entrevistaba en Canal 13 a la madre de una adolescente golpeada por sus compañeras en Berazategui y aseguraba que “estos hechos ocurren cada vez más a menudo”. Como remate, Chiche Gelblung dedicó la apertura de su programa en Radio Mitre a todos los casos policiales con la sentencia “el sistema jurídico argentino está a favor de los chorros.”

En este sentido, el Mitre Informa Primero de las 10 fue contundente. Conviene detenerse en sus títulos porque van más allá de las directivas impartidas en diciembre desde la Gerencia de Contenidos Periodísticos, a cargo de Jorge Porta. En aquella oportunidad la orden fue que las dos primeras noticias de los boletines tenían que ser contra el Gobierno de Cristina Kirchner. En el boletín mencionado todos los encabezados se referían a la inseguridad. De hecho, primero fue “Inseguridad sin límites” y relataba el traslado de los restos del agente al cementerio. El segundo, el caso de Glew. En el tercero el locutor anunciaba “más inseguridad” en referencia a un hurto sufrido por Betty Elizalde. Terminaron con “Asaltaron un country en Pilar”. Todo eso en dos minutos y medio asfixiantes.


Memorias del subsuelo. La hipótesis del rating puede explicar sólo una parte de la decisión de avanzar sobre las historias delictivas. Las transmisiones de los debates en la Cámara alta alrededor de las nuevas comisiones y los decretos de necesidad y urgencia generaron muy poca audiencia y sin embargo tuvieron enorme difusión. Por otro lado, un coordinador recuerda una anécdota que sirve para graficar el uso político de la difusión (o no) de ciertos hechos. Un día del año 2003, luego de que el entonces presidente Eduardo Duhalde favoreciera la licuación de deuda del Grupo a partir de su pesificación, a un productor se le ocurrió que siete atracos en el microcentro en cuatro horas podía considerarse una “ola de inseguridad” y tituló en consecuencia. En ese momento, los policiales generaban tanto rating como ahora. Sin embargo, a los pocos minutos recibió un llamado de Ricardo Pipino, gerente General de TN en aquel momento, pidiéndole que cambie el título. Obediente como todos los que quieren sobrevivir en el grupo, hizo caso y cambió el texto: “Siete robos en Microcentro”. Con un segundo llamado, sin dar explicaciones, Pipino eliminó la noticia de la tira que se difunde cada media hora.

Eran otros tiempos y los colegas del Grupo entienden eso. Sobre todo los que escucharon –en medio de la disputa por la Ley de Servicios Audiovisuales– a una de las más importantes conductoras de canal 13 gritar en el pasillo principal del noticiero “La única solución con estos es voltearlos”. Una forma de disciplinar a la tropa para que todo el mundo entienda cuál es la causa común.

domingo, 4 de abril de 2010

Los ''forajidos'' se despiertan en Argentina.

Todo esto salpimentado con un estado de censura informativa gracias al cual por la gran mayoría de los medios privados se retacean o minimizan los anuncios gubernamentales, las pocas decisiones judiciales favorables al oficialismo y hechos como el respaldo expreso a la presidenta que le dio en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, para su política de pago de deuda externa.


Por: Hugo Muleiro
::Periodista argentino, ensayista y docente

Una parte de los argentinos, imposible de cuantificar por ahora, parece estar decidiéndose a dar pelea a grandes sectores del poder que combaten incansablemente contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, empezando por los grupos empresarios que concentran gran cantidad de medios de difusión.
Los motivos de la ofensiva contra el gobierno, que se profundizó cuando en las elecciones legislativas de 2009 el oficialismo retrocedió de mayoría simple a primera minoría en el Congreso Nacional, son tantos que parece imposible enumerarlos en un artículo periodístico: prácticamente todas las medidas gubernamentales son criticadas y repudiadas por una oposición política que va de la derecha a la izquierda, entre ex adversarios que ahora coinciden de manera sorprendente.
Esa coalición que forma mayoría circunstancial en el Congreso tiene una caja de resonancia incondicional, fiel, infaltable: los medios de difusión privados, en especial los del grupo Clarín, que incluye diarios, radios, canales de televisión abierta y por cable y una agencia de noticias.
El control de la información y su manejo discrecional por parte de unos pocos empresarios periodísticos, que fueron además cómplices de los crímenes de la dictadura militar (1976-1983) es uno de los factores más evidentes de la democracia inmadura e incompleta que padecen los argentinos.
La presidenta Fernández tomó la decisión de enfrentar a este grupo poderoso, capaz de jaquear y condicionar a los gobiernos elegidos democráticamente, apoyándose en una serie de organizaciones que venían bregando por la derogación de la ley de radio y televisión de la dictadura. Así, antes de la renovación legislativa, logró aprobar una ley de medios audiovisuales que busca romper la concentración en unas pocas manos de las licencias que el estado mismo adjudica, abriendo la comunicación a otros sectores como pueblos originarios, universidades, movimientos sociales, cooperativas, sindicatos.
La aprobación legislativa de la norma fue apenas el primer capítulo de un enfrentamiento que continuó y continuará. Ahora los empresarios de medios y dirigentes políticos opositores que les responden trabaron la aplicación de la ley mediante fallos aprobados por jueces que están en sus cargos desde la época de la dictadura, otra de las deudas gravísimas de la democracia argentina.
Pero esto es sólo una parte: los medios privados y los políticos que se sustentan en ellos rechazan cualquier acción gubernamental, no importa de qué se trate, como el pago de deuda con reservas excedentes del Banco Central, la política de administración de impuestos, un proyecto de reforma políticaÂ… Todo esto salpimentado con un estado de censura informativa gracias al cual por la gran mayoría de los medios privados se retacean o minimizan los anuncios gubernamentales, las pocas decisiones judiciales favorables al oficialismo y hechos como el respaldo expreso a la presidenta que le dio en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, para su política de pago de deuda externa.
El gobierno y las fuerzas que lo apoyan no lograron estructurar una reacción ante esta coalición, por qué no decirlo, dominante. Pero una serie de fenómenos por ahora aparentemente focalizados dan cuenta de un principio de resistencia y sobre todo ponen en evidencia que hace falta crear un espacio, un ámbito, político, social y comunicacional, en el que se pueda expresar algo diferente.
Comienzan a circular mensajes electrónicos, aparentemente espontáneos, de personas que describen cuáles son las medidas del gobierno con las que están de acuerdo y que no quieren que el mandato de la presidenta sea interrumpido.
Otras acciones emergen de los seguidores de un programa que emite el canal público de televisión, llamado "6, 7, 8", que realiza un análisis crítico del tratamiento periodístico en el país.
A través de la red Facebook comenzaron a comunicarse entre sí telespectadores, reivindicando la necesidad de un espacio alternativo de comunicación, hasta llegar a autoconvocarse en manifestaciones públicas en varios puntos del país, una de las cuales reunió en Buenos Aires a entre 10 mil y 15 mil personas.
"6, 7, 8" parece ser el espacio en el cual se siente representada una parte de los argentinos cuya magnitud está por verse: son esos argentinos que apoyan los aumentos a jubilados y pensionados, que quieren la democratización de los medios y de la información, que desean conocer todas las noticias y no sólo las contrarias al gobierno que publican los medios privados, que están hartos de la misoginia periodística que presenta a la presidenta como incapaz de gobernar sin su marido, Néstor Kirchner, que se cansaron de que una suerte de cadena de canales de TV privados se coaligue para presentar al país al borde de la catástrofe, con un derrumbe económico inminente y, claro que no podía faltar, cada vez más asaltos, más secuestros, más violaciones, más asesinatos, más inseguridad.
Son argentinos que parece que se cansaron de la práctica que hace que, cuando la presidenta dice que "el de los derechos humanos no es un problema de derecha e izquierda", el canal "noticioso" del grupo Clarín ponga en pantalla un sobreimpreso invirtiendo absolutamente el concepto: "El de los derechos humanos es un problema de derecha e izquierda", como lo hizo el 24 de marzo.
Esta clase de acciones y maniobras de los medios las pone en evidencia "6, 7, 8", que además, para burlarse del mensaje descalificador de los medios privados, puso al aire una canción de uno de sus conductores cuyo estribillo dice: "yo soy la mierda oficialista". La frase comenzó a ser usada en manifestaciones de apoyo al gobierno, en carteles y camisetas, evocando aquella reivindicación orgullosa de los ecuatorianos, los "forajidos", después de que así llamó el presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 2005, a manifestantes que repudiaban sus políticas.
Esta acción de resistencia en principio mínima comenzó a tener trascendencia. Los conductores del programa dan cuenta asiduamente de mensajes de televidentes que denuncian que en varios puntos del país la señal del canal público sufre interferencias cuando este espacio está al aire. Y dijeron que ocurrió especialmente en una situación, en la ciudad andina de San Carlos de Bariloche, suroeste del país, cuando comenzaron a tratar uno de los casos más oprobiosos de injusticia que se registra en Argentina: la entrega por la dictadura militar, en 1976, de dos niños a la empresaria dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, quien se niega a que esas dos personas cotejen su ADN con los de familiares de desaparecidos.
Avanzando abril, dada la suspensión de la ley de medios audiovisuales, están siendo convocadas movilizaciones y actos de protesta contra los jueces que impiden aplicar la norma. Una de esas marchas partirá del Congreso, que aprobó la ley, y llegará a la sede de los tribunales, en Buenos Aires. Son muestras de que los "forajidos" argentinos se cansaron de permanecer arrinconados y enmudecidos, y parece que quieren tener visibilidad cuando dicen: "yo soy la mierda oficialista".